Opinión
El feminicidio es el final de una larga cadena de maltrato psicológico, físico y monetario. El victimario comienza por torturar a su antojo, acto seguido pide perdón, acompañado de la promesa “esto no volverá a suceder”, la victima por múltiples razones concede el perdón, además queda convencida que cumplirá la promesa episodio se repite las veces que el victimario quiera, cada acción es más fuerte aumentando el odio por su víctima hasta llegar a matar. Cuando falla es por cosas del destino o de Dios, según cada quien quiera interpretarlo.
Cajicá vivió hace unos días el caso de la joven Danna Chávez. Además de trágico, fue un suceso que conmocionó a la ciudadanía. Edwin Andrés Herrera Cabezas, su expareja, le propinó más de veinte puñadas en su cuerpo, hecho que evidencia el odio y sevicia con que actuó. El victimario se declaró culpable de intento de feminicidio y en unos días irá a juicio. Además del repudiar el hecho, la ciudadanía cuestiona la actuación de las autoridades que estaban cerca del escenario de los hechos: escasos 300 metros de la Estación de Policía, 200 de la Fiscalía y 150 del Hospital y Clínica San Luis. No obstante, la cercanía, los primeros en llegar al lugar demoraron aproximadamente 20 minutos. La ambulancia y Policía llegaron casi al tiempo. Luego que fueran recogidos los heridos por el cuerpo médico, los policiales abandonaron el lugar, sin importar la protección de ‘escena de los hechos’, lo que dejó en evidencia el desconocimiento de sus obligaciones. La tardanza de la autoridad y abandono del lugar, coadyuvó a que la sociedad civil, harta de la inseguridad y convencida que se trataba de un atraco procedió de forma violenta y aplicó justicia por propia mano: linchó al agresor. El linchamiento está contemplado en el código penal como un delito. La escena del crimen no fue protegida ni preservada como dictaminan los protocolos, el abandono de la autoridad policial dejó a la sociedad civil en condición de actuar con diligencia, solidaridad y respeto por su lugar: procedió a lavar con agua y jabón paredes, andenes y pisos. De esta manera se alteró cualquier evidencia física, importante para una investigación penal.
Con la aceptación de cargos por parte del agresor Herrera Cabezas se deja sin importancia las posibles pruebas que se hubieran recogido en el lugar de los hechos. Por ello es lamentable la actuación de la autoridad en el caso de Danna, ante lo que la ciudadanía espera que la autoridad corrija estos hierros. El primer responsable “es la primera autoridad que llega al lugar de los hechos, una vez estos han sido informados, como las patrullas de la Policía Nacional, Ejército, Alcalde, Inspectores, entre otros” (bureau veritas de Colombia pjicplh-po-03). El llamado es a las mujeres para que ante el primer intento de irrespeto, amenaza, manipulación o cualquier acto que atente contra su voluntad, DENUNCIEN.
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