Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Por: Hugo Sierra - Editor
Adriana Rincón - Periodista
En medio de la maleza, que crece todos los días, y tapada por una polisombra que cubre la puerta de ingreso, se oculta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Cajicá Rincón Santo que aún no entra en operación, aunque hace meses se terminó la obra, financiada con recursos de cooperación internacional a través del Gobierno de Corea.
Pese a la necesidad de la infraestructura, construida con tecnología coreana de punta y una inversión de 6,5 millones de dólares, sin antecedentes en este tipo de proyectos, la administración del alcalde Fabio Ramírez, que se resistió a hacer la obra, pero luego la comenzó, no la ha puesto en funcionamiento por un simple trámite de servidumbre predial.
El terreno en el que se construyó la PTAR era del municipio ‒que no tuvo que aportar un solo peso para la obra‒, pero existe un pequeño predio privado que impide que se conecte la tubería para bombear las aguas negras que se recogen de la quebrada La Cruz a la planta de tratamiento y luego hacer el vertimiento al río Bogotá, que está a pocos metros.
La planta, que se concibió al firmarse el convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno de Corea en agosto de 2018 como una PTAR piloto para la Sabana Centro, va a tratar un volumen de 19 litros por segundo de aguas residuales; seis veces más, que el volumen que estaba tratando la planta vieja existente: 3,6 lts.
Además de beneficiar a todo el municipio, recogerá las aguas servidas de los sectores de Capellanía, parte de Chuntame y Rincón Santo, que también llegan de la cuenca del río Bogotá; para ayudar a la recuperación y saneamiento de este importante afluente natural de agua dulce.
Con la operación de la PTAR de Rincón Santo también se busca cumplir con parte de los compromisos establecidos en la sentencia sobre el río Bogotá (2001-90479 del 28 de marzo de 2014) en lo referente a la protección de derechos colectivos de los habitantes de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y sus afluentes.
Expertos en el tema, consultados por EL OBSERVADOR aseguran que, si el alcalde Fabio Ramírez tiene la ‘voluntad política’ de poner a funcionar la PTAR casi un año después de terminada la construcción, lo puede hacer simplemente con una decisión administrativa que está en sus manos: comprar el pequeño predio o imponer la servidumbre por necesidad.
Sostienen que la decisión la puede tomar al amparo de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos, que tiene aplicación en ámbitos como acueducto, alcantarillado y aseo, y establece normas especiales para algunos servicios como agua potable y saneamiento.
Sin embargo, el alcalde Ramírez, que inició la obra en 2021 pese a la resistencia de su gobierno por tratarse de un proyecto que venía de la administración anterior, la de Orlando Díaz Canasto, que la incluyó en su Plan de Desarrollo ‘Cajicá Nuestro Compromiso’, parece no estar interesado en poner en operación la planta pese a que la obra está ejecutada.
El Colectivo Ambientalista Cuidadores del Territorio y algunos concejales de Cajicá, advirtieron desde hace un año, cuando quedó lista la planta para empezar a funcionar, que era posible que se perdiera la plata invertida por Corea si no se ponía en marcha inmediatamente para cumplir el objetivo ambiental y legal por el que se construyó.
Con la nueva PTAR, que operaría inicialmente por un año, se espera no solo un resultado óptimo en el tratamiento de los volúmenes de agua generados, sino reducir el impacto ambiental para mejorar la calidad de vida de una población cercana a los 15.000 habitantes de los sectores beneficiados.
Con una inversión total de $ 64.544.819.840 millones, recursos entregados por el municipio y el departamento, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Zipaquirá, se proyectó como una de las obras más importantes de Cundinamarca; sin embargo, después de 7 años, 3 alcaldes municipales y el pago del 89.9% del costo, la obra se encuentra abandonada con la amenaza de convertirse en un ‘elefante blanco’.
¿Por qué una PTAR?
La construcción de la PTAR está en el marco de las acciones estipuladas en el convenio 2090 del 2014, emitido por la Corporación Autónoma Regional (CAR) luego de que la sentencia del Río Bogotá declarara responsables a los municipios de la cuenca y entidades públicas de la crisis ambiental sin precedentes del afluente.
En la sentencia también se señala como responsables a aquellos entes que no han tomado las acciones pertinentes para descontaminar esta fuente hídrica, entre ellos el municipio de Zipaquirá, cabecera municipal generadora de los contaminantes que reciben cerca de 44.000 hogares.
Así le va a Zipaquirá acatando la sentencia del Río Bogotá
A la fecha el municipio no ha avanzado lo suficiente en el cumplimiento de las acciones requeridas. El pasado 1 de septiembre el equipo técnico de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar, quien profirió la sentencia en 2001, visitó al municipio con un equipo técnico.
El resultado de la verificación dejó en evidencia que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano de Zipaquirá no ha sido terminada y que en su lugar continúa en funcionamiento la PTAR II, que construida en 1983, debió cerrar operaciones en el 2019. Así mismo, se comprobó que no hay cumplimiento del Plan Maestro de Acueducto, ni tampoco se ha elaborado el documento del Plan Maestro de Alcantarillado.
Proceso con la nueva PTAR
El 5 octubre del 2015, finalizando la alcaldía de Marco Tulio Sánchez se realizó la suscripción del contrato de obra No.078, celebrado entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P y el Consorcio La Mina. El total de la inversión para construir la planta se fijó inicialmente en $54.182.124.053, con un plazo de entrega de 12 meses. En 2019 el contratista abandonó la obra sin que hasta el momento haya explicado las razones para las que la dejó inconclusa
Siete años, tres alcaldes y la PTAR no ha sido entregada
El contrato se suscribió faltando poco tiempo para finalizar la administración de Marco Tulio Sánchez y en el 2016 asume la alcaldía Luis Alfonso Rodríguez, año en que debió ser entregada la planta de tratamiento.
El concejal de Zipaquirá, Juan Guillermo Gutiérrez, explica que “Este exalcalde en los años 2017, 2018 y 2019, a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, dio una serie de prórrogas, suspensiones, modificaciones e incluso una adición superior a los $ 10.000 millones en el 2017. Todo esto le permitió al contratista llevar la obra hasta el 2019”. Rodríguez termina su gobierno en ese mismo año y poco tiempo después el contratista abandona la obra.
Se pudo constatar que durante el periodo del 5 de enero del 2016 al 1 de agosto del 2021 se realizaron 7 suspensiones, 7 prórrogas y 14 prórrogas a las suspensiones.
¿Nuevo alcalde, PTAR nueva?
Wilson García Fajardo asume la alcaldía en el 2019 y propició unas mesas de diálogo con el contratista en las que se evidenció el incumplimiento en las fechas establecidas. Sin embargo, finalizando el 2022 las condiciones siguen siendo las mismas, la obra está abandonada.
“No tenemos ninguna evidencia de que la interventoría haya realizado alguna acción jurídica en contra del contratista. Por otro lado, el supervisor, que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Zipaquirá, tampoco ha exigido ante los órganos de control ni ante un juez de la República el cumplimiento del contrato”, aseguró Gutiérrez.
¿Por qué es tan importante esta PTAR?
Para esta obra fueron destinados dineros de los cundinamarqueses y de los zipaquireños. El concejal Gutiérrez asegura que “preocupa lo que está sucediendo en la ciudad, estamos hablando de un ‘elefante blanco’, se están dilapidando los recursos y no vemos que se termine. Estamos estudiando el caso a fondo para hacer unos llamados de atención a los entes de control, a los órganos de justicia, a los medios nacionales y locales para que pongan la lupa sobre esta obra de mucha importancia para la región”.
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