Medio Ambiente
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú (distrito de Costa Rica donde fue adoptado), representa la esperanza de los territorios marginados, las comunidades vulneradas y empoderadas al igual que la de líderes sociales y organizaciones que trabajan en pro de la protección ambiental.
Se convierte en un refugio ante las realidades que se viven hoy día en nuestro país, ya que no se puede dejar de lado que para el año 2021, y según rankings internacionales, Colombia es el país con mayor cantidad de líderes sociales y ambientales asesinados en el planeta. Es así como este Acuerdo marca un hito en materia de protección de derechos ambientales y humanos, ya que, al ser un tratado internacional de carácter vinculante, obliga a los países que han asumido su ratificación a tomar las medidas necesarias de orden jurídico, humanas y fiscales, entre otras, que permitan la protección de estos derechos. Este tratado, que ya es Ley de la República, particularmente insta a los países que lo ratifican a tener una relación articulada entre los derechos humanos y ambientales, promoviendo y protegiendo la participación comunitaria en la toma de decisiones de implicación ambiental, teniendo en cuenta sus 11 principios, entre los cuales se destaca el principio de no discriminación, de transparencia y pro persona, orientados a ser ejes transversales en las medidas a implementar en el momento de su ratificación, alineado a un carácter de regulación legal que garantiza los derechos de acceso a la información y toma decisiones, sin dejar de lado la cooperación internacional que es el plus del Acuerdo a nivel regional. Esto ofrece oportunidades de sinergia en la protección de ecosistemas en común entre los países vinculados, resaltando el acceso a la justicia ambiental, ya que esto permite abrir debates de mayor profundidad relacionados con los impactos generados sobre comunidades vulneradas y que no ejercen un impacto significativo frente a la actual crisis climática.
A pesar de esto, dicha sinergia y la vocación vinculante internacional del mismo no han sido acogidos por todos los gremios. Y es que los gremios mineros y los grandes terratenientes se han opuesto a la implementación de dicho Acuerdo (no solo en Colombia) aduciendo la pérdida de soberanía y la posibilidad de procesos legales internacionales. Probablemente está fue la razón por la que en el anterior gobierno el Acuerdo no avanzó en el Congreso, generando un sinsabor por falta de compromiso y transparencia de la información. Afortunadamente ya fue sancionado por el presidente Petro, y ahora veremos cómo este tratado trae nuevos rumbos para Colombia.
La sociedad debe asumir el rol de hacer seguimiento al Acuerdo, seguir siendo parte de los espacios que permitan dar lineamientos sobre la implementación y ponerlo en la agenda cotidiana, ya que entre más escenarios sea tema de conversación o debate, mayor cantidad de población nacional tendrá la oportunidad de conocer acerca de las ventajas y oportunidades que este tratado tiene para las comunidades y liderazgos dedicados a la protección ambiental y eco-sistémica.
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