Los habitantes de las veredas Sátiva y La Bolsa de Paipa lanzan un S.O.S. destrucción del sistema.
Por: Marco Sánchez Parra
Diez y seis años llevan los habitantes de las veredas Sátiva y La Bolsa, del municipio de Paipa, en Boyacá, luchando por defender el derecho a que los explotadores de la minería a cielo abierto no acaben con el más vital de los recursos para la humanidad: el agua. Dentro de los daños que a través de este tiempo se ha ocasionado al medio ambiente, está la desecación del humedal el Manantial, área que fueron rellenando para convertirla en parqueadero de volquetas; la desviación de las quebradas La Toma y El totumo que nutrían gran parte de las familias de las dos veredas, además de la disminución y suciedad de los afluentes, lo que representa un evidente peligro para el ecosistema.
Lo más preocupante de este panorama es que desde unos años hacia acá, el flujo de agua ha mostrado una evidente merma como consecuencia de la destrucción de la montaña que se ha llevado gaques, chusques, encenillos y otras especies navitas. Los acueductos afectados por esta calamidad son unos diez entre los cuales se encuentran: La Salvia, Peña Negra, El Totumo, La toma y otros que surten de agua a casi 12 mil habitantes de la zona, además que desde allí también se suministra el agua para gran parte del casco urbano de Paipa. La situación ha conducido a los pobladores del área a presentar una acción de tutela ante la cual el tribunal se Santa Rosa recomendó entablar una Acción Popular para que se tomen las medidas correctivas:
Es de señalar que, según el POT vigente, el uso de estos suelos está determinado como terreno agrícola y ganadero. No obstante, los organismos de control como Corpoboyacá y la Agencia Nacional Minera, han presentado en forma sistemática, respuestas vagas y amañadas, a los reclamos de la población, según declara Miguel Alvarado, vocero de afectados de la vereda Sátiva.
Siendo la alcaldía, entidad más inmediata a donde los reclamantes han elevado sus denuncias, éstos de quejan de que hasta ahora no han obtenido respuesta alguna. Por su parte, Corpoboyacá selló una mina llamada San José, en mayo pasado. Pero los propietarios de la misma rompieron los sellos y continuaron su explotación sin que nadie se lo impidiera, ni haya ejercido una revisión posterior, según declaran miembros de la comunidad.
Los explotadores basan su derecho en títulos mineros, como los dos que ostenta Olegario Pulido, a quien le han concedido la explotación de 70 hectáreas en un sitio y siete en el otro. La pregunta que se hace Miguel Alvarado es: con el panorama que vive el mundo, ¿no está la humanidad en la obligación de defender por encima de todo el recurso del agua? Según la revista Semana, que publicó hace poco tiempo un extenso reportaje sobre el tema, “…en el pasado, el las veredas Sátiva y La Bolsa, se realizaba minería de subsistencia; sin embargo, por cambios en las normas nacionales a comienzos del 2000, se le dio vial libre a proyecto de mayor trascendencia”. La fuente que cita es Corpoboyacá.
Desde varios puntos de observación, la situación de las montañas es desastrosa. Desde lejos se observan rotas y descuartizadas por 16 años de explotación de greda, piedra y recebo. La comunidad estima que si no se le pone fi n a este ecocidio el sistema ambiental en esta zona estará herido de muerte en muy poco tiempo y herida de muerte estará la permanencia de las familias que habitan en la zona.
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