Primera entrega
Por: Luis Bernardo Díaz G. Coordinador Grupo Primo Levi en Justicia Social y Tribunal Internacional de Opinión.
Como si se tratara de una serie televisiva, todos los días salen nuevas aristas en el escándalo del contrato con el Ministerio de las TICS y la Unión Temporal Centros Poblados, que ha generado todo tipo de rechazo entre la opinión pública, por la forma descarada como se ha venido sabiendo que ocurrió. Las víctimas son los niños pobres de las zonas rurales que se privan de contar con la conectividad para el desarrollo de su formación educativa. En la posesión de la nueva Ministra Carmen Ligia Valderrama –una funcionaria que sabe muy poco de Tecnologías de Información- el Presidente Duque la encargó de “descifrar el entramado criminal”, cuando la opinión lo censura a él por los repetidos escándalos y el pésimo gobierno que tiene un año más para desangrar al país.
Releyendo el libro de Juan Manuel Tafurt “¿Los colombianos somos deshonestos?”, encuentra uno que no hay un gen de la corrupción dentro de nosotros, tampoco que la indagatoria en las Corte a los cuatro senadores costeños indique que “la Ley 80 no pegó en el Caribe”, sino que hay esquemas de corrupción, en especial en lo que se denomina el cartel de la contratación que tiene esos propósitos, como se ha visto con la vinculación de Emilio Tapia, Guido Nule y otros personajes involucrados hace 10 años en el escándalo del carrusel de la contratación en la Alcaldía de Samuel Moreno, y por lo cual fueron condenados. Germán Olano, exparlamentario condenado, nuevamente vuelve y suena con tres investigaciones también por contrataciones corruptas. Parece que hay un cartel de la contratación.
¿Qué motiva a estos sujetos a reincidir en estas prácticas? Primero el costo riesgo-benefi cio, segundo la falta de organismos de control serios e imparciales y tercero el apoyo de la clase política, como el clan Char en el caso de Karen Abudinem, cuya actitud llevó a erigir una palabra (abudinear) al Diccionario de la Real Academia de la Lengua como robar o malversar.
No señalo a la colonia sirio-libanesa de corrupta, pero hay casos muy lamentables que la sociedad conoce. La explosión en el puerto de Beirut es una pobre demostración del o contrario. Estos escándalos son la etiología del nivel de desconfianza de la población colombiana en instituciones como el Gobierno o el Poder Judicial, pues según el Latinbarómetro sólo entre el 20 y el 25% las personas tienen mucho o algo de confianza en esos entes. Y caímos en el índice Global de Paz al puesto 144 dentro de la medición de 183 países. Se entiende que se mide la paz positiva de Johann Galtung.
Respecto al riesgo costo-beneficio, Tapia se la juega y dice: “pago siete años de cárcel, salgo con un tercio de pena cumplida, generalmente me dan domiciliaria, y salgo multimillonario”. Respecto a los organismos, la noticia según la cual la exministra va a presentarse como víctima al proceso no deja de ser sorprendente.
Ya la habíamos visto en los debates de moción de censura negando su responsabilidad política y diciendo que precisamente no renunciaba para seguir investigando la trama, donde ella misma era la cabeza de la cartera cuestionada. Debates que debían terminar en la aprobación de la moción de censura a la Ministra, pero que sorprendentemente –aún después de su renuncia- no fue aprobada, por la negativa de las bancadas de Gobierno, lo cual políticamente es nadar contra la corriente de opinión y ello les pasará factura en las próximas elecciones. También sorprenden la designación del Fiscal Gabriel Jaimes como Fiscal delegado para investigar la conducta de la ministra, el mismo que de un plumazo tumbó una decisión de 1.500 páginas de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el caso del expresidente Alvaro Uribe, investigado por manipulación de testigos.
Es vox populi la relación de la ministra Abudinem con el Clan Char de la Costa Atlántica, por lo cual es fácilmente previsible concluir en que estaban realizando procedimientos heterodoxos y nos hace recordar las palabras de la exsenadora prófuga Aida Merlano, “yo creí que lo más normal era comprar los votos”, refiriéndose a una práctica que utiliza los dineros de la contratación para ese objetivo ilícito. Los organismos de control están en manos del Gobierno y por ello no se observa credibilidad en quien va a conducir el proceso desde la Fiscalía.
La independencia judicial -debe recordarse- es un elemento sustancial del Estado de Derecho, dentro de la tridivisión clásica de los poderes públicos. Los Principios de Bangalore (y antes los Principios de Siracusa) desarrollan esa independencia, imparcialidad, integridad, corrección, integridad, equidad, competencia y diligencia, rechazando la arbitrariedad de la discrecionalidad. Ello genera la confianza pública en la judicatura y los organismos de control, en últimas en el estado de Derecho. Lo contrario, lo resquebraja, como ocurre en este caso. Se prohíben las inapropiadas influencias externas por generar un agravio a la comunidad y al principio de legalidad.
Parece que algunos funcionarios utilizan las denominadas estrategias de “justicia a la carta” o “justicia sastre a la medida del imputado”, pues cuando observan que instancias tan serias como la Corte Suprema de Justicia avanzan en sus indagaciones, prefieren renunciar al fuero e irse a la Fiscalía, donde la opinión considera que no hay independencia y recibirán un trato más benigno, como quedó demostrado con la intervención del Fiscal Delegado para el caso Uribe. Es pública la amistad del Fiscal Barbosa con el presidente Duque, así como también de la procuradora con el mismo, que era su jefe cuando fue Ministra de Justicia. Otro estamento seriamente cuestionado es la justicia penal militar, como se vio en las investigaciones frente a los uniformados incursos en las masacres del Paro Nacional con 75 muertos. Por ello, es claro que la ciudadanía concluya con suspicacia que la impunidad será la reinante cuando no se aplican los Principios de Bangalore.
Por formato de este periódico, este artículo se publicará en dos entregas; lea en la próxima edición de CONCIENCIA, la segunda entrega.