Justicia a la carta.
Segunda entrega
¿Dónde quedan los impedimentos o la aceptación de las recusaciones, tan caras al magisterio de la justicia? Parece que son letra muerta. Jaimes trabajó muy de cerca al hoy flamante Embajador ante la OEA, que se dedica a atacar al Director de Human Rights Watch, quien dice verdades como denunciar que con el cambio de color del uniforme de la Policía no es suficiente para suprior los atropellos frente a la población civil que protesta pacíficamente.
El mensaje del Gobierno es equívoco: nombra a la señora exministra alcaldesa encargada de Sincelejo. ¿Qué puede pensar la gente? Por eso y por la represión violenta del paro nacional –como lo dijo la sentencia del Tribunal Internacional de Opinión TRINO- Duque tiene tasas de aprobación por debajo del 25% y se convierte en el peor Gobierno de la historia después del de Andrés Pastrana. Y ahora pretenden de contera suprimir la Ley de Garantías para aceitar la maquinaria con la contratación con miras a los próximos comicios. También está caminando la reestructuración de varias entidades para vincular personal con sueldos altos. Además, la ineficiencia del Gobierno lleva a que sólo se haya ejecutado a esta altura el 39% del presupuesto de inversión. Por algo será…. Pero sí incorporan en el proyecto de presupuesto $119 billones para el pago de la deuda externa y sólo $49,3 billones para educación, mientras se atiza la guerra con un millonario ítem para defensa.
Hay que recordar que fue la periodista Paola Herrera la que primero tiró de la manta y luego se descubrió la garantía del Banco Itaú falsificada. Guido Nule y su primo diseñan la oferta, asesorado por Mauricio Galofre y otras personas non sanctas. Ya se descubrió que en otras contrataciones se usaron garantías falsas, como ocurrió en Emcali, . Benedetti acusó de ladrona a Abudinem y ella dice que él la llamó para ceder el contrato. Difícil la prueba diabólica. Las veedurías actúan. Más de $49 mil millones de los $70 mil girados como anticipo no aparecen. Dicen que Cáceres y Tapia se quedaron con buena parte de esa plata.
El prestigioso abogado Jorge Pino Ricci perdió credibilidad. Se denuncia la compra de apartamentos en Miami y carros de alta gama para Cáceres y Tapia. Cáceres, tecnólogo en sistemas, y sus empresas han celebrado contratos con el Estado por 1,5 billones de pesos, incluyendo el de Centros Poblados. Su rastro es detectable en el Secop en Barranquilla, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander y Tolima. Oneida Pinto, José María Ballesteros, William Villamizar y el senador Edgar Díaz figuran en la agenda de sus amigos. Cáceres firmó contratos en EEUU por cerca de $140.000 millones. El tecnólogo compró un apartamento por la suma de 1,3 millones de dólares, U$ 75.000 dólares para gastos personales, la compra de un carro de alta gama para un amigo y el “préstamo” de U$ 503.000 a una pareja de pastores cristianos, al parecer de la Iglesia neopentecostal de la cual él mismo es predicador o pastor en Miami y Barranquilla. El que reza y peca empata!
Se trae a colación a Inocencio Meléndez, el abogado que estuvo condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá y escribió hasta un libro sobre la materia a cuyo lanzamiento invitó a varios magistrados de la época. Seguramente ya operaba el cartel de la toga. Y dictaba conferencias, como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Emilio Tapia es familiar del subcontralor de Sucre. Los ratones cuidando el queso. Guido Nule y Alejandro Char son cuñados y Char ha sido el jefe político de Abudinem.
Ya habían estado algunos involucrados con el condenado Alvaro Cruz y también con contratos cuestionados en Magdalena y Bolívar. Muchas veedurías lo advirtieron a tiempo, así como otros licitantes y no hicieron caso. Hay un problema serio de diseños institucionales y de controles efectivos. ¿Cómo pasaron las garantías por debajo de la mesa a ciencia y paciencia de los funcionarios del Mintics encargados de su revisión? Ya se había denunciado fraude en la renovación de Puerto Mallarino, con cupos de crédito falsos en un contrato de
$2.400 millones. Y la agencia de seguros debe responder.
El caso es tan escabroso, pero no tanto como el del cianuro que sigue en la impunidad, con varios muertos a cuestas (Pizano, el hijo, Merchán…). Juan Carlos Cáceres, contratista de Novotic, busca un principio de oportunidad en la Fiscalía y confi esa que fue asaltado en su apartamento y le robaron más de $200 millones que allí tenía. Sorprendente que tenga ese dinero para el diario. Por otro lado, los bancos ganaron en pandemia $27.88 billones.
Camilo Enciso dijo que tuvo que haber “gente de adentro metida en el robo” y detectaron 240 ingresos de congresistas al edificio de las TICS en un lapso de año y medio durante el período de la licitación, específicamente parlamentarios de las bancadas del Gobierno como Ciro Ramírez, Julián Bedoya, Jonathan Tamayo (“manguito”), Erwin Arias y Richard Aguilar, entre otros. Juan Alfonso Molina estuvo involucrado en la consecución de las garantías. Por lo pronto, la Fiscal 79 les imputó delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal agravado. Aún no se imputa el tráfico de influencias y será necesario que amplifiquen la imputación frente a presuntos delitos como el peculado por apropiación a favor de terceros, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
La Veeduría de la Rama Judicial de Colombia acusó a la Ministra Abudinem de presunto prevaricato por omisión y será Gabriel James quien la investigue. Justicia a la carta o ropaje con las medidas del sastre.
En conclusión, debe rediseñarse el sistema constitucional de frenos y contrapesos y en especial la provisión de los altos cargos como la Fiscalía General de la nación, la cual debería asignarse por concurso de méritos, como la Procuraduría, la Contraloría y el Defensor del Pueblo. Eso permitiría acabar con la justicia “a la carta” que algunos parlamentarios están optando, con la consiguiente burla a la justicia.
Sólo así se podría legitimar una democracia en Colombia en un Estado de Derecho auténtico que respete la justicia como pilar fundamental de convivencia. Por lo pronto, los niños en los campos se quedarán sin acceso a internet con el perjuicio en su formación.
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