Editorial
Los ciudadanos deberían invitar a hacer un esfuerzo más profundo en devolverle la confianza a las instituciones y en ejercer la democracia más allá de solo votar, haciendo uso de propuestas políticas, y exigiéndole tanto a los candidatos políticos a la Presidencia como a entidades de control y medios de comunicación que asuman sus responsabilidades con el Estado social de derecho.
Y para esto manifestar como pueblo sus carencias y sus sueños. Recogimos algunas de las inquietudes desde la explosión social de las movilizaciones y encontramos estas: Implementar una formación ética, política y ciudadana, educar a través del reconocimiento de la diversidad y motivar una construcción colectiva de la pedagogía nacional a través de pilares como la educación rural y el acceso equitativo al conocimiento. Colombia no necesita una nueva constitución sino garantizar su cumplimiento.
Darles mayor poder local a las comunidades, en donde las veredas, comunas y corregimientos, por ejemplo, tengan mayor protagonismo en el ordenamiento territorial, que actualmente se basa en la dicotomía departamento/municipio.
Reconocer la movilización y la organización social como formas de participación política legítimas y que se les garantice a quienes se movilizan el reconocimiento de ser unos interlocutores políticos válidos, para que la protesta deje de verse como una amenaza para el orden público.
La protección de la vida enmarcada en un seguimiento de violencias y derechos humanos, a través de la participación juvenil, con garantías de incidencia y confianza en las instituciones. La necesidad de garantizar la financiación de la protección de los territorios y el capital biológico, cultural y político de comunidades indígenas y afro, además del fortalecimiento del diálogo entre la sociedad civil y las instituciones, en donde cobren valor las asambleas comunitarias, comisiones municipales, un plan nacional de derechos humanos y la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia.
Fortalecer los programas de salud pública y de atención primaria con enfoques que entiendan la diversidad en cuanto al territorio, las etnias, géneros, jóvenes, y adultos mayores con atención domiciliaria. Integrar las políticas de salud con las sociales para entender esta problemática como transversal y no independiente. La garantía del financiamiento del sistema con el fin de garantizar los derechos de acceso y calidad del servicio de salud. Dignificar el trabajo doméstico remunerado hasta garantizar el empoderamiento integral de las mujeres rurales sobre la tierra, además de incluir dentro de distintas políticas públicas la protección de las mujeres migrantes y fomentar esta perspectiva en organizaciones de economía solidaria. Habrá algún candidato que nos copie….?
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