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La Comisión de Disciplina Judicial, abrió investigación contra la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Yolanda Villamizar, por presuntamente fallar una decisión que favorece a contratistas del proyecto para tratar las aguas residuales de Bogotá, según denuncia de la actual ministra designada de ambiente, Susana Muhamad, quien además cuestionó retrasos e irregularidades en el cumplimiento del proceso contractual.
Con ponencia del magistrado Mauricio Rodríguez, de la Comisión de Disciplina Judicial, se establece que las decisiones de Villamizar en lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de las aguas residuales Salitre, conduce a favorecer al Consorcio Expansión PTAR Salitre -CEPS- que es contratista de dicho proyecto. La ampliación de la PTAR Salitre debería estar lista desde septiembre del 2021 y ya con la responsabilidad del Acueducto de Bogotá, pero la entidad distrital se niega a recibir el proyecto denunciando que el Consorcio ha entregado la maquinaria dañada sin manuales de operación de los equipos.
La gerente del Acueducto de Bogotá, Cristina Arango, dijo que “Esta situación hace imposible la operación automática de la planta, como exige el contrato, e implica realizarla de manera manual, poniéndola en riesgo. Tampoco han entregado a la CAR los manuales de operación y mantenimiento para poder operar correctamente la planta por procesos y realizar el mantenimiento de acuerdo a como fue diseñada y contratada”.
En la ponencia del magistrado Rodríguez, se establece que Villamizar expidió decisiones judiciales donde presuntamente no tenía competencia en su condición de juez popular y que eran de conocimiento privativo del juez del contrato. Es decir, presunto favorecimiento al contratista o a particulares mediante la expedición de providencias en el curso del incidente de desacato”.
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