Editorial
Como es de amplio conocimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó la suspensión ordenada el 15 de junio contra el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En consecuencia, se revive el decreto 555 dado en diciembre del 2021 por la mandataria capitalina. Cabe recordar que la demanda que tuvo suspendido el POT durante dos meses fue presentada por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Recordemos que el proyecto de POT se concentra en el perímetro urbano, trata de manera muy tímida los aspectos de la parte rural de su territorio e ignora aquellos relacionados con la escala regional, sin tener en cuenta que la huella hídrica de Bogotá, que ha venido aumentando desde los años 1950, alcanza a municipios distantes donde se ubican las represas que surten de agua a la ciudad y a varios municipios cercanos. Además, los impactos ambientales de las aguas servidas de Bogotá y su región afectan toda la cuenca baja del río Bogotá y, aguas abajo, por el río Magdalena. Es decir, se pensó a los municipios como unidades aisladas, en lugar de entenderlos como partes de un sistema territorial que deben integrarse, impidiendo reconocer el hecho de que las huellas ecológicas y funcionales de las ciudades superan los límites municipales.
Es preocupante que la población de Bogotá, agobiada por la inseguridad y las dificultades para la movilización, se está escapando de la ciudad hacia municipios vecinos. Esto ha dado pie a la “urbanización de la Sabana”, cambiando el uso de sus excelentes suelos agrícolas para dedicarlos a la construcción de vivienda. Los motores de este cambio son los intereses de los constructores, la avaricia de algunos concejales y alcaldes de la sabana y la venta de agua en bloque de la Empresa de Acueducto de Bogotá, lo cual ha dejado como consecuencia el creciente caos en la movilidad, la inseguridad en los municipios cercanos a la capital y el deterioro en la calidad de vida de sus habitantes. Peor aún, el POT de Bogotá desde diciembre no está desarrollado, de tal manera que los curadores serán los que hagan las aprobaciones de las licencias de construcción y seguramente serán quienes “saquen adelante” este tipo de procesos. Aunado a esto, no olvidemos que en Funza ya existen dos curadurías, hechas a la medida para este tipo de “alargues”, que esperan las modificaciones al POT de Funza, el cual seguramente traerá peores condiciones a los ciudadanos cansados de los trancones, el hacinamiento y la inseguridad creciente por cuenta de la masiva llegada de la población flotante.
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